entre individuos, el control territorial, patrones de conducta, sistema de valores, entre
otros (Núñez & Espinoza, 2017), son algunas características que se proyectan sobre los
imperativos de la gobernanza. En síntesis es un sistema basado en una serie de
relaciones complejas que conectan el mundo legal con el ilegal (Garzón, 2012).
Las últimas dos décadas han estado permeadas por las grandes preocupaciones conforme
al crimen organizado (Schultze-Kraft, 2016) proveniente de países del Sur Global que
amenazan la estabilidad del Norte Global (Ayoob, 1991; Benabdallah, Murillo, & Adetula,
2017; Sharp, 2011). Aquellas preocupaciones han alcanzado un robusto y creciente
material en términos de seguridad ciudadana pero no en dimensiones y explicaciones
sobre la integración de redes y grupos criminales entre sí en Centroamérica. Los vacíos
definicionales son en sí mismos los primeros grandes problemas para el diseño de
políticas y estrategias.
Teniendo en cuenta lo anterior, si bien ha habido un intento valioso por resignificar la
gobernanza en condiciones irregulares, asimétricas y no convencionales, no sucede lo
mismo con las integraciones entre grupos criminales. De tal manera, aquellas
integraciones para efectos de este documento y como propuesta conceptual se entienden
como subterráneas debido a su condición irregular y alterna a los clásicos modelos de
integración entre Estados. Si bien no ha habido una robusta propuesta, trabajos como el
de Niño (2017) asegura que grupos terroristas de diferentes geografías comparten
patrones de comunicación, conducta y modelos de entendimiento que facilitan el diálogo
entre las organizaciones que no siempre persiguen fines comunes pero sí poseen
vulnerabilidades similares. A saber, los mercados de la violencia y el factor entrópico del
crimen han motivado a que las estructuras ilegales se valgan de recursos paraestatales
para gobernar porciones significativas de territorios y corredores estratégicos (Duncan,
2014; Raffo & Gómez, 2017). Teniendo en cuenta la aproximación teórica y conceptual
aplicada al contexto centroamericano, es menester involucrar el impacto de la violencia
de género al fenómeno de la integración subterránea (Niño, 2020). En efecto, la dinámica
natural de la gobernanza criminal repercute sustancialmente en la mujer como víctima
mayoritaria en la región. Por un lado, es un actor que funge como receptora de violencia
y por el otro, como vehículo criminal. Los corredores ilegales controlados por grupos
paraestatales (O’Donnell & Wolfson, 1993) alcanzan grados vitales de mercadear a las
mujeres como bien transable y como sujeto de violencia (Truong, 2001).
La mujer como sujeto de violencia: entre receptora y vehículo criminal
Hacia 1970 algunas investigaciones criminológicas llamaban la atención sobre
determinados estudios asociados a la relación causal entre mujeres delincuentes y la
emancipación femenina (Smart, 1979). En ese mismo orden se argumentó, por un lado,
que las madres asalariadas criaban niños que se convertirían en delincuentes, mientras
que, por otro lado, se mantuvo la hipótesis de que las mujeres emancipadas se vuelven
más tendientes al crimen debido su asociación con valores "masculinos" en el trabajo y
su contacto con oportunidades para el crimen fuera de casa (Smart, 1979). Una
construcción argumentativa que logró generar distorsiones sobre el papel del crimen en
la sociedad, una noción selectiva sobre el rol femenino en la sociedad y el crimen
asociadas a una subordinación del rol de la mujer en la sociedad e incluso en el crimen.
Posteriormente, los trabajos con enfoque de género y las distintas investigaciones que