de grupo –los estudios críticos de discapacidad aspiran a eliminar esas diferencias– o los
prejuicios que utilizan la diferencia para criticar la identidad de la discapacidad (Vehmas
y Watson, 2014). Tanto el modelo social de discapacidad –la injusticia social y el estigma
asociado a la discapacidad que es posible eliminar– como el modelo de derechos humanos
–las políticas de discapacidad– son complementarios, teniendo el segundo una mayor
importancia en el contexto legal y político y situando ambas el problema principal en
factores sociales externos a la persona (Lawson y Beckett, 2020).
El uso de las TIC adaptadas han puesto de manifiesto el desarrollo de habilidades para
la autonomía de los jóvenes con discapacidad (Pacheco, Lips, y Yoong, 2019), aunque
para ello ha sido necesario un largo periodo para solventar la brecha digital de la
discapacidad a partir de la accesibilidad, el diseño inclusivo e innovador (Pullin, 2011).
Así, las personas con discapacidad han tenido que adaptarse a las normas tecno-sociales
y la infraestructura ha tenido que rediseñarse para adaptarse a ello (Yu et al., 2019),
pese a que también existe una exclusión digital que afecta a personas en función del tipo
y grado de discapacidad, habilidades digitales y condiciones socioeconómicas (Dobransky
y Hargittai, 2016). Precisamente, la teoría del tercer nivel de brecha digital pone menos
el foco en el acceso y la usabilidad digital y más en las consecuencias sociales,
económicas y personales del acceso digital (Ragnedda, 2017). De hecho, los jóvenes con
discapacidad se involucran activamente con la tecnología adaptada al igual que sus
compañeros sin discapacidad en su inclusión en la etapa universitaria (Pacheco, Yoong,
y Lips, 2020).
Las redes sociales, además, han posibilitado que personas con discapacidad física hayan
obtenido un apoyo instrumental e informativo, con efectos positivos en la construcción
del apoyo social, una menor disposición a síntomas depresivos (Lee y Cho, 2018) y una
mayor integración social de personas con mayor aislamiento fuera del ámbito online
(Banjanin et al., 2015). De igual modo, las personas con discapacidad intelectual han
obtenido experiencias positivas en las redes sociales en cuanto a amistades, desarrollo
de la identidad social, autoestima y disfrute (Caton y Chapman, 2016). El apoyo social
puede recibirse de un modo estructural, desde la perspectiva del tamaño y la forma de
las conexiones estructurales, o funcional, compuesto por el apoyo emocional,
instrumental o de ayuda práctica, el informativo y la autoevaluación con respecto a otras
personas (House, 1981; Sherbourne y Stewart, 1991).
Las redes sociales, además, permiten que las personas controlen cómo y cuándo divulgar
la información sobre su discapacidad en función de las relaciones que mantenga en línea,
ya sea de un modo abierto, seguro o limitado (Furr, Carreiro y McArthur, 2015). Pese a
todo ello, parece que los beneficios psicológicos del uso de la tecnología digital se derivan
principalmente del anonimato con el que interactúan las personas con discapacidad en
Internet y las redes sociales (Tsatsou, 2020), si bien la persona puede reconstruir su
identidad de manera positiva hasta que decida revelar su discapacidad (Bowker y Tuffin,
2002). Los estudios más recientes realizados en centros médicos han puesto de
manifiesto que la mitad de los pacientes encuestados con discapacidades intelectuales
y/o de desarrollo no utiliza dispositivos móviles (44,6%) y que la mayoría (86,8%) no
utiliza las redes sociales (Patrick et al., 2020).
En consecuencia, esta investigación persigue responder a las siguientes preguntas de
investigación: ¿Cómo se difunden los derechos fundamentales de las personas con