OBSERVARE
Universidade Autónoma de Lisboa
e-ISSN: 1647-7251
Vol. 9, Nº. 2 (Noviembre 2018-Abril 2019), pp. 82-97
COLOMBIA EN MUTACIÓN: DEL CONCEPTO DE POSCONFLICTO AL
PRAGMATISMO DEL CONFLICTO
César Augusto Niño González
cesar.nino@usa.edu.co
Profesor de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda
(Colombia). Ph.D. en Cuestiones Actuales del Derecho Español e Internacional de la Universidad
Alfonso X el Sabio de España. Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior
de Guerra de Colombia. Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Sergio Arboleda.
Daniel Palma Álvarez
palmadap1987@gmail.com
Profesor de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás
(Colombia) Politólogo de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.
Master of Arts en Teoría Política con énfasis en Análisis de Discurso Político de la Universidad de
Essex (Inglaterra).
Resumen
El presente artículo tiene por objetivo generar una noción crítica del posconflicto en Colombia
para proponer la idea de un escenario en transformación. Las dinámicas de seguridad y
conflicto en Colombia estuvieron definidas a partir de la existencia de un problema que
trascendió a amenaza. Dicho problema que posteriormente se securitiza y escala en la agenda
de seguridad del país fueron las Farc –Ep. En consecuencia, es menester advertir por un lado,
que el conflicto no termina con el fin del proceso con las Farc-Ep y, por el otro, que como
efectos secundarios pero no menos importantes, el cambio de este grupo da lugar a la
mutación de los asuntos de seguridad y conflicto en Colombia. A saber, los mercados de la
violencia, la disputa por los vacíos de poder que se manifiestan en el territorio y las
colectividades armadas que surgen de los disidentes de las Farc-Ep y la exclusión social a la
que se enfrentan los excombatientes. Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto
“posconflicto” es tendencioso, ambiguo y distorsionado, lo cual en sí mismo representa una
amenaza para el desenvolvimiento de los conflictos en el país.
Palabras-clave
Conflicto, mutación, posconflicto, “farcarización”, “post-farcarización, Paz imperfecta
Cómo citar este artículo
González, César Augusto Niño; Álvarez, Daniel Palma (2018). "Colombia en mutación: del
concepto de posconflicto al pragmatismo del conflicto". JANUS.NET e-journal of International
Relations, Vol. 9, N.º 2, Noviembre 2018-Abril 2019. Consultado [en línea] en fecha de última
consulta, https://doi.org/10.26619/1647-7251.9.2.6
Artículo recibido el 11 de Mayo de 2018 y aceptado para su publicación el 9 de
Septiembre de 2018
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Colombia en mutación: del concepto de posconflicto al pragmatismo del conflicto
César Augusto Niño González y Daniel Palma Álvarez
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COLOMBIA EN MUTACIÓN: DEL CONCEPTO DE POSCONFLICTO AL
PRAGMATISMO DEL CONFLICTO
César Augusto Niño González
Daniel Palma Álvarez
1. Preludio
Las narrativas en torno al conflicto armado colombiano han cifrado el devenir histórico
contemporáneo en un único y exclusivo actor. Las Farc-Ep definieron a Colombia como
centro de gravedad y único escenario de problemas y explicaciones al interminable
discurso de construcción de nación. No obstante, el acontecer del conflicto ha demostrado
que alrededor de la confrontación armada orbitan actores, fenómenos y dinámicas que
se alejan de todo precepto clásico en la concepción de la “farcarización” de la sociedad
colombiana, concepto que será explicado aquí y es vital para el desarrollo del presente
artículo científico. Las hipótesis de la gestación del conflicto armado aluden a puntos
divergentes en su inicio, en su mutabilidad y por supuesto en el desenlace. Así pues, en
Colombia pululan conflictos simultáneos, paralelos y sincrónicos; tesis distinta a aquella
que propende por la existencia de uno solo y cuya columna vertebral radica en la
aparición y fin de las Farc-Ep.
El conflicto es necesario para la culminación de la construcción de la nación. De manera
que, desde la divergencia nacen los parámetros y lineamientos que confluyen en la
materialización del nacionalismo, la identidad cultural, la exacerbación del progreso, y el
desenvolvimiento de lo definitorio como Estado. El presente artículo busca adentrarse de
manera crítica a la noción del posconflicto comparado con el de posacuerdo, para
superarla y advertir el advenimiento de escenarios en constante transformación, que
deben ser comprendidos para que la adaptación a nuevos escenarios de seguridad, por
parte de la institucionalidad y la sociedad no sea traumática y resulte en nuevas formas
de violencia exacerbada. Para efectos de la presente investigación, la metodología usada
está basada en un análisis cualitativo y de interpretación conceptual sobre enfoques
teóricos sociológicos. De tal manera, el documento se centra en primer lugar en la
distinción teórica y debate entre los conceptos de “posconflicto” y “posacuerdo”.
Posteriormente, se emplea una discusión hermenéutica sobre la propuesta conceptual y
terminológica de la “farcarización y la “post-farcarización” bajo el lente de la “paz
imperfecta” aplicada al caso colombiano. Por otra parte, se propone una noción de
transformación del conflicto y la realidad con base en la mercantilización de la violencia
y el vacío de poder en el territorio. Finalmente, el documento cierra con una serie de
conclusiones alrededor de la cuestión sobre las nuevas dinámicas de seguridad que se
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empiezan a vislumbrar en el panorama nacional; la mutabilidad y la desmarcación de la
fenomenología de las Farc-Ep que definió la agenda pública y la nación durante la
segunda mitad del siglo XX.
2. Entre el posconflicto y el posacuerdo: una distinción teórica
Tal como se mencionó al final del acápite anterior, existe un reto para la sociedad
colombiana en cuanto al entendimiento que hay sobre los escenarios que se abren con
la conversión a la vida civil de las Farc-Ep. Dicho reto se cifra en la necesidad de aclarar
la diferencia y, a su vez, la relación entre los conceptos de “Posconflicto” y “posacuerdo”,
que aun cuando son tratados como sinónimos por la opinión pública y la ciudadanía en
general, albergan en su interior distintas realidades sociopolíticas que no se pueden
equiparar. De no comprender esto, se podrían poner en peligro el proceso de paz con
este grupo armado, la reestructuración de toda la comunidad colombiana y la respuesta
institucional a los asuntos de seguridad que quedarán vigentes luego de la finalización
de las hostilidades con las Farc-Ep.
En términos concretos, para entender la relación y la diferencia entre los conceptos de
“posacuerdo” y “posconflicto”, hay que darse a la tarea de explicar las implicaciones
políticas, sociales, de seguridad y temporales del segundo; cuestiones que se tratarán
en este apartado.
En primer lugar, en el ámbito político, el posconflicto está marcado por una dualidad que
ha de abordarse y no puede franquearse: primero, el compromiso institucional y del
grupo armado en la garantía del cumplimiento de los acuerdos firmados y la
restructuración de la política a largo plazo; y segundo, el cambio de mirada frente al
“otro”, quien ya no ha de verse como enemigo sino como adversario político dentro del
debate y la contienda electoral.
En cuanto a la primera cara de la dualidad, es decir, la responsabilidad institucional y del
grupo armado en la observancia de los acuerdos hay también una doble responsabilidad.
Por un lado, el Estado tiene la tarea de garantizar la puesta en vigor de lo pactado
mediante leyes, decretos y políticas públicas; y por otro, las Farc-Ep han de mantener la
voluntad política de actuar dentro de la legalidad, de modo que se minimice la posibilidad
de un retorno al conflicto armado y haya una reestructuración efectiva de la política
colombiana en el largo plazo.
En consecuencia, el punto seis de los acuerdos de La Habana sobre “Implementación,
verificación y refrendación” se torna prioritario, dado que allí se propone, entre otras
cosas, un Plan Marco con vigencia de diez años, en el que se contemplan los mecanismos
mediante los cuales se ejecutará lo estipulado, haciendo referencia al proceso legislativo,
la inclusión de los puntos en el Plan de Desarrollo, las partidas presupuestales, la reforma
política nacional y territorial, entre otras disposiciones (Gobierno de Colombia & Farc-Ep,
2016: 196, 197).
Igualmente, se da la creación de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a
la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, la cual también tendrá una duración de
diez años y cuyo objetivo es el “[…] seguimiento a los componentes del Acuerdo y
verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los
acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias
encargadas de la implementación” (Gobierno de Colombia & Farc-Ep, 2016: 195, 196).
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Frente a esto cabe resaltar que los acuerdos se presentan como el punto de partida de
una reestructuración política y no como la terminación de un proceso; lo que da una
primera diferencia entre los contextos de “posacuerdo” y “posconflicto”, dado que el
segundo tiene una duración mayor a largo plazo
1
.
En cuanto a la otra cara de la dualidad en el ámbito político, hay que afirmar que va más
allá de las instituciones y las normas, refiriéndose a la manera en que se ve políticamente
a quienes entran en la legalidad. En este sentido, dado que los miembros de las Farc-Ep
ya no serán actores armados sino contendientes electorales al interior del debate
democrático, la construcción discursiva que se ha hecho de su imagen ha de
transformarse. En otros términos, el cambio por el cual debe propenderse es la
resignificación de enemigos a adversarios de los integrantes del nuevo movimiento
político. Para entender a profundidad la importancia de este cambio, pueden citarse los
postulados de Chantal Mouffe (1999) y su teoría de la “Democracia Radical”.
Para esta autora, el sentido de las democracias modernas es dar lugar al conflicto, como
enfrentamiento pacífico y dialógico al interior de la comunidad política. Por esto, el ideal
de los regímenes actuales es permitir el paso del antagonismo al agonismo, es decir, ser
el canal mediante el cual se transita de una lógica de enemigos a adversarios (Mouffe,
1999: 13-16). En este orden de ideas, el primer concepto (enemigo) involucra la
eliminación del “otro”, la supresión no solo de sus ideas sino de su existencia; mientras
que, en oposición a ello, el segundo se refiere a la legitimidad y derecho que tiene una
persona a defender sus ideas y a ser tolerado. En palabras de Mouffe, “[…] significa que,
en el interior del ‘nosotros’ que constituye la comunidad política, no se verá en el
oponente un enemigo a abatir, sino un adversario de legítima existencia y al que se debe
tolerar. Se combatirán con vigor sus ideas, pero jamás se cuestionará su derecho a
defenderlas” (Mouffe, 1999: 16). La distinción entre estos términos es vital, porque en
ella radica la posibilidad de construir colectividades abiertas al debate y al disenso.
Siguiendo esta perspectiva, puede garantizarse una efectiva inserción de los nuevos
actores a la política nacional, evitando futuros señalamientos a personajes que han
dejado las armas para adoptar el camino de la constitucionalidad. Esto es importante a
la luz de la historia colombiana la cual ha demostrado que, aun habiendo regresado a la
legalidad, con el pasar de los años, se ha estigmatizado a miembros de antiguos grupos
armados tildándolos de guerrilleros o terroristas. Ejemplo de esto son las referencias a
exmiembros del M-19, a quienes siendo hoy personalidades democráticas reconocidas,
se les ha desestimado a partir de su pasado beligerante.
Asimismo, una conversión de enemigo a destruir a adversario a vencer en lides políticas,
podría evitar que se repita un magnicidio similar al que tuvieron que soportar los
integrantes de la Unión Patriótica durante la década de 1980. Esto en vista de que para
Mouffe, no puede forzarse a los individuos a pensar en conformidad a una facción política
o acoplarse a los designios de la comunidad en su totalidad, lo que hace imposible la idea
1
De hecho, esto se hace patente cuando se observan apartados del documento en el punto seis, tales como:
“Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación
a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y
tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración
de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero
de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prórroga” (Gobierno de
Colombia & Farc-Ep, 2016: 195). En este pasaje es claro que hay una diferencia entre el proceso posterior
a la firma de los acuerdos, el cual no termina con la demostración de voluntad política de las partes, sino
que abre la puerta al trabajo conjunto a largo plazo para la materialización de lo pactado.
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de los “consensos sin exclusión”. Por el contrario, es precisamente esa capacidad de
disentir lo que alimenta lo político y, más aún, la resignificación del “otro” como
adversario (Mouffe, 1999: 11, 12). No obstante, no puede pensarse esto como un cambio
inmediato, sino como un proceso constante de larga duración que entra a hacer parte
del posconflicto.
De otra parte, en cuanto al ámbito social del posconflicto, la sociedad colombiana también
ha de surtir un proceso de reconfiguración, en el cual haya una reincorporación efectiva
y pacífica de los antiguos miembros de las Farc-Ep. Cabe destacar que estas lógicas de
aceptación de nuevos miembros que antes se consideraban una amenaza, no son de
corto plazo e involucran una resignificación tal como ocurre en el ámbito político, dado
que se trata de cambiar conductas, normas sociales, convenciones, etc.
Al respecto, puede acudirse al campo de la sociología para dimensionar esta
transformación social. Emile Durkheim acuñó el concepto “Hecho social” para distinguir
todo aquello que está dado en la sociedad, como normas, códigos, comportamientos,
entre otros, que son externos a las personas pero que las rigen ―incluso ejercen coacción
aunque no se perciba― y a través de los cuales actúan y leen el ambiente social en el
que se encuentran. En otras palabras, “consisten en modos de actuar, de pensar y de
sentir, exteriores al individuo, y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual
se imponen sobre él” (Durkheim, 2001: 40, 41). Por tanto, cabe inferir que en el tema
de la reincorporación de los excombatientes tiene que darse una restructuración de estas
normas sociales y, sobre todo, de los imaginarios que giran en torno a estos individuos
tal como se comentaba en el párrafo anterior.
Sin embargo, el cambio de los “Hechos sociales” que se han materializado alrededor del
conflicto con las Farc-Ep por más de medio siglo no se modificarán en cuestión de días o
meses. Por el contrario, se necesita del trabajo de toda la sociedad colombiana presente
y de las futuras generaciones para romper el imaginario de amenaza y los códigos de
comportamiento, a través de los cuales se trata a los excombatientes, de modo que sean
aceptados y se elimine la estigmatización de la que son víctimas. De hecho, el mismo
Emile Durkheim es claro al argumentar que los hechos sociales no se ven relegados o
modificados sin ofrecer resistencia, dada su capacidad de ejercer coacción: “aunque sean
vencidas [las reglas] finalmente, hacen sentir bastante su poder coercitivo por la
resistencia que oponen” (Durkheim, 2001: 40).
Entonces, en los campos político y social se encuentra un aspecto común, este es la
variable del tiempo que juega un papel transcendental, en la medida en que así como la
resignificación política es un esfuerzo de largo alcance, en el ámbito social, también se
requiere del trabajo mancomunado de los miembros de la sociedad Colombia presente y
de los colombianos que vendrán para romper paradigmas, modos de ver y tratar a los
excombatientes, y los imaginarios que se tienen del conflicto y de las Farc-Ep. He aquí
otra expresión de la relación y diferencia entre posacuerdo y posconflicto: el primero
abre la puerta al proceso constante que implica el segundo.
Finalmente, en el ámbito de la seguridad también es condición sine qua non entender la
relación y diferencia entre posacuerdo y posconflicto, debido a que su mala interpretación
en este tema puede poner en peligro el mismo proceso de paz. En este ámbito, es
importante considerar brevemente el concepto de “imaginario colectivo”. Aunque el
término es ambiguo en cuanto a la cantidad de definiciones que hay (Sola-Morales, 2014:
5), se puede decir que son “[…] esquemas, mecanismos o dispositivos de representación,
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constituidos socialmente, que permiten a los miembros de una comunidad comprender
el mundo circundante” (Sola-Morales, 2014: 8); en otras palabras, los individuos tornan
colectivo todo aquello que les permite entender su cotidianidad. Así mismo, a esto hay
que sumar que las palabras están ligadas al concepto antes referido, en tanto que los
discursos tienen parte en la construcción de esas realidades sociales (Palma, 2017: 54).
Hacer explícita la relación entre imaginarios, discursos y seguridad es significativo para
interpretar la coyuntura nacional, en la que hay un bombardeo mediático que tiene como
centro la palabra “posconflicto”. El hecho de que se use esta palabra en singular y de
forma absoluta, da la sensación de que con el proceso de paz con las Farc-Ep, todos los
conflictos en Colombia desaparecerán. Imaginario que se ve reforzado si se observa la
misma pregunta del plebiscito para la refrendación de los acuerdos: “¿Apoya el acuerdo
final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”.
Empero, caer en este imaginario es un error que paradójicamente podría poner en peligro
el mismo proceso de paz. Contrario a esta creencia colectiva que se está configurando,
hay que seguir las palabras del sociólogo Sam Richards, para quien un conflicto “no
termina realmente hasta que sus causas no están solucionadas” (Richards en entrevista
para El Espectador, 2016), lo que implica que la paz “estable y duradera” no vendrá con
la firma de los acuerdos, sino con un proceso prolongado en el tiempo en el que se
ataquen las causas estructurales de las reivindicaciones sociales que dieron lugar al
conflicto en un primer momento, y que pasan por la reconfiguración del estado, el modelo
económico y dar espacio a la reconciliación.
De igual forma, caer en el imaginario del fin del conflicto en Colombia por la firma del
acuerdo de paz con las Farc-Ep, también es un error fatal para el Estado porque limitaría
su capacidad de comprensión y respuesta, frente a las nuevas amenazas que surgen con
la dejación de armas de esta guerrilla o las que continúan latentes a pesar de la
desaparición de este. Frente a esto, puede traerse a colación un hecho de la historia
colombiana reciente: el proceso de desmovilización de los paramilitares. Si bien es cierto
que para el año 2006 se había desmovilizado una gran cantidad de grupos, siendo el más
importante las AUC, no puede negarse que no todos tomaron la determinación de dejar
el lucrativo negocio de la ilegalidad, por lo que, a partir de pequeños reductos y
reincidentes nació el fenómeno que hoy se conoce como BACRIM.
En suma, a la luz de las diversas implicaciones que tiene el concepto de posconflicto, el
posacuerdo no es sino el primer escenario que se presenta como introducción al
posconflicto, que a su vez es un proceso mucho más amplio de esfuerzos colectivos y en
presencia de la variable del tiempo, en el cual no solo tienen que hacerse efectivos los
acuerdos firmados con el grupo armado, sino también las instituciones deben estar
abiertas a la mutación de los asuntos de seguridad que se materializarán en los espacios
que quedan vacíos, luego de la dejación de armas y reincorporación a la vida civil de los
excombatientes. Por estas razones, en lo que resta, se hace hincapié en la importancia
de ver los nuevos escenarios y realidades en Colombia, bajo la lupa de los conceptos de
“farcarización”, “post-farcarización” y Paz imperfecta.
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3. De la “Farcarización a la “post-farcarización” y la Paz imperfecta en
Colombia
La condición de mutabilidad
2
del conflicto armado en Colombia a conflicto no armado,
apunta a una transformación estructural sociopolítica. Entonces, eludir a que con la
superación de las armas en el contexto colombiano se alcanza una plenitud de anulación
de fuerzas rivales, es per se una contradicción. En ese sentido, se evoca a que en el
futuro cercano, teniendo en cuenta las condiciones sociales, políticas, culturales, y de
seguridad, promete un estadio de construcción de confianza que parte de un escenario
de imperfección.
Tal como se ha advertido en el presente artículo, las Farc-Ep definieron gran parte de la
agenda política y social de Colombia. Durante décadas, el país se vio envuelto en un
fenómeno de “farcarización” que obligó a que las grandes explicaciones sobre la
inestabilidad política, la debilidad institucional, los problemas y amenazas a la seguridad
y defensa, el incremento del gasto en dicho sector, así como los factores
macroeconómicos negativos, tuvieran causes definitorios en las Farc-Ep. Notoriamente,
dicha “farcarización” se entiende bajo la noción de la Sexta generación de la guerra (Niño,
2017), pretendiendo descifrar que el uso de la fuerza y el ejercicio de la violencia fueron
canales de comunicación y de interlocución de la sociedad, y que el Estado cada vez
pierde capacidad de respuesta ante las dinámicas irregulares (Niño, 2017: 38).
Siguiendo esta argumentación, se puede profundizar en la explicación del concepto de
“farcarización”, a partir de las lógicas discursivas que dieron lugar al papel definitorio de
las Farc-Ep como la mayor amenaza del Estado y la sociedad, frente a las cuales se
planteó la imagen institucional y la del “otro” (enemigo) a destruir. Así, es claro que “[n]o
hay conflicto posible sin opuestos, son la construcción de una otredad que significa, desde
el punto de vista real o imaginario, riesgo y amenaza, pero que a la vez se necesita para
sustentar […] la propia razón de ser […]” (Angarita y otros, 2015: 11). En consecuencia,
lo que se recalca aquí es que los farianos, como grupo armado, jugaron por mucho tiempo
ese papel necesario para afirmar la legalidad.
En efecto, las Farc Ep han sido vistas de diversas maneras en diferentes periodos de
tiempo en este casi medio siglo de lucha armada, pasando de “autodefensas campesinas”
en los cincuenta, a guerrilla de izquierda en los sesenta y narcotraficantes en los
ochenta
3
; cada visión con una respuesta distinta por parte de la institucionalidad. Esto
escalaría, según Angarita y otros (2015), a que este grupo ilegal se considerara como
enemigo absoluto, es decir, aquel que solo puede considerarse como una amenaza a
aniquilar, quitándole cualquier cualidad de enemigo político (aquel que puedo tolerar y
con el que se dialoga), luego de los fallidos diálogos de paz de del Caguán
4
y con el
advenimiento de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, en los que ya no son un grupo
armado beligerante sino terrorista (Angarita y otros, 2015: 57-59).
2
Capacidad de cambiar de forma (Diccionario de Oxford, 2017).
3
Para ampliar la información concerniente a la evolución histórica de las Farc-Ep, puede consultarse la
bibliografía del sociólogo y periodista Alfredo Molano, sobre todo los textos: Los años del tropel (1985),
Trochas y fusiles (1994) y A lomo de mula. Viajes al corazón de las Farc (2016).
4
Un área de aproximadamente 42.139 kilómetros cuadrados entre los departamentos del Meta y Caquetá
son despejados y desmilitarizados por el gobierno de Andrés Pastrana Arango como medida de confianza
para los diálogos con la guerrilla. Esta situación generó una recuperación militar de las Farc y motivó la
construcción del control de la zona y leyes propias en la región.
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A la luz de esta lógica de “farcarización de la sociedad y la institucionalidad”, la
superación del conflicto armado con dicha guerrilla, suscribe un cambio trascendental y
apremiante para el imaginario colectivo. Construir dentro de la imperfección espacios de
confianza lo más pronto posible, lo que se inscribe en un posconflicto visto como un
proceso de largo aliento que inicia con el posacuerdo, tal como se diferenció en el acápite
anterior. En consecuencia, este paso depende de múltiples factores, siendo uno de ellos
el que afirma Paul Collier, quien sostiene que el principal reto es el retorno de tantos
excombatientes a la vida civil como sea posible (Collier, 2004); así mismo, la
construcción de un diálogo político y social prolongado para la efectiva incorporación de
los alzados en armas a una vida legal plena, y un cambio de imaginario de las Farc-Ep
de grupo armado a fuerza política dentro de la constitucionalidad.
En otros términos, el gran reto que se plantea es la “post-farcarización” de la sociedad
colombiana y de la institucionalidad, de modo que se entienda la dinámica de procesos
prolongados y haya una rápida reacción del Estado a las nuevas amenazas que surjan de
la desmovilización de las Farc-Ep. En otras palabras, los escenarios transformados en
Colombia empiezan a desvelar contextos de “post-farcarización”. Es decir, existe un
cambio, casi mutacional, en el que la sociedad y el constructo definitorio de la propia
nación, se desmarca en términos evolutivos del viejo y erróneo precepto del conflicto
definido por las Farc-Ep. A saber, se identifica un escenario plausible determinado como
la sociedad posbélica, la cual se ubica por encima del umbral de la superación del conflicto
armado (Niño, 2014) y que no la excluye de ser parte de otra atmósfera en la cual la
violencia es el centro de gravedad en las relaciones sociales.
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la lógica de la “post-farcarización”, es
indispensable advertir un nuevo contexto: la transformación del umbral de violencia en
el Estado. Con base en esto, se entiende que la violencia es un vehículo comunicacional
fáctico en el que convergen dinámicas distintas de su ejercicio y que no es directamente
proporcional a un estado de seguridad. Es decir, un estadio de plena seguridad puede
estar permeado por condiciones altamente violentas y viceversa.
En un escenario sistémico, el concepto se representa en que la violencia es una categoría
antropomórfica relativa que hace referencia al excedente de energía que supera los
umbrales normales de absorción y mutación del sistema físico, o psíquico en el caso del
individuo, y los subsistemas de infraestructuras en el caso de la sociedad (García, 2017).
En Colombia, la violencia ha sido motor causal del conflicto y no per se, el conflicto causal
de la violencia. En consecuencia, con la “post-farcarización”, el rediseño de los umbrales
de violencia no se elimina sino se transfiguran.
Por ende, la construcción de espacios de posconflicto suscita un cambio casi
paradigmático del entendimiento de la violencia. De tal manera, las posibilidades de
generalizarse y perpetuarse en el tiempo y la penetración social de los fenómenos
rivalizantes parece confirmar la tesis de la superioridad estructural de los procesos
violentos sobre los de pacificación (Waldmann, 1999). Significa entonces, que la violencia
se ubica en un espectro amplio en la vida social del Estado. La tendencia luego de la
terminación de un conflicto armado, es una atomización y desbordamiento virulento de
la violencia.
Por ejemplo, un caso particular en El Salvador, tiene que ver con que si bien es cierto
que el Acuerdo de Paz de Chapultepec de 1992 dio por terminado un conflicto armado
interno, este fue también el punto de partida para la mutación de la hostilidades civiles
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en un enclave de violencia luego del conflicto (Niño, 2016). Una situación endémica que
refleja que las nuevas batallas territoriales en las que se involucran a miembros de
bandas mezcladas entre el tráfico de drogas y extorsión (The Guardian, 2015), disputan
mercados, espacios vitales y ocupan lugares vacíos dejados por el Estado.
En Colombia, dicha lógica no es ajena. Para entender el poliedro de la violencia en la
transformación de la “post-farcarización”, es vital asimilar que la violencia no es un
derivado del ejercicio de las Farc-Ep, no nace con ellas ni mucho menos es un crédito
exclusivo de dicho grupo. Es una combinación de actores, fenómenos, responsabilidades,
políticas, oportunidades y cuestiones estratégicas que convergen allí. La violencia en
Colombia se constituye bajo una dinámica de múltiples aristas que responden a
naturalezas diversas.
A la luz de lo dicho hasta aquí, para dar el salto de “farcarización” a “post-farcarización”,
es necesario empezar a hablar de la Paz imperfecta, como el concepto que ha de guiar
el posconflicto en Colombia. Dicho concepto apunta a que la resolución de los conflictos
no es absoluta. Por el contrario, se trata de interiorizar que la mutabilidad es una
característica de la conflictividad humana y, en este sentido, no basta con el “alto al
fuego” entre las partes, sino que el fin de un enfrentamiento abre la puerta a nuevos
escenarios en los cuales no se puede excluir nuevos problemas; en términos concretos:
[…] el reconocimiento de la imperfección invita a considerar distintas soluciones
favorables para las partes en el marco de una conflictividad que no se resuelve de manera
completa o absoluta. El hecho de plantear un concepto amplio de paz basada en las
soluciones noviolentas [Sic.] que se producen permanentemente como respuesta a los
múltiples conflictos, lleva a pensar en la posibilidad de una paz imperfecta revelada como
una paz dinámica y perennemente inconclusa (López, 2011: 90)
En consecuencia con lo anterior, se alude a que es una paz imperfecta porque, a pesar
de gestionarse pacíficamente las controversias, convive con los conflictos y algunas
formas de violencia (Muñoz, 2004). En otras palabras, la imperfección es la perfecta
manera de concebir el escenario transformado al que se empieza a enfrentar Colombia.
A saber, la Paz imperfecta no se refiere a una situación en la cual los acuerdos
establecidos entre los actores rivales estén definidos desde un ángulo peyorativo o
negativo, más bien, se adscribe a una lógica sistémica en la cual el conflicto es medular
y separa la noción que guerra y conflicto son simbióticos. De hecho, la paz imperfecta es
el mejor escenario posible para la consolidación y terminación del carácter evolutivo de
la sociedad.
En este orden, es perentorio hacer notar que casi la mitad de los acuerdos de paz fracasan
durante los cinco primeros años de implementación (Hudson, 2011), así que, la
construcción de una paz negociada, o imperfecta, es mucho más exigente –en términos
políticos, económicos y sociales- que la prolongación indefinida de la guerra o la
imposición unilateral de la victoria (Molano, 2016). En consecuencia, la necesidad de
plantear la reconfiguración de la sociedad colombiana a mediano y largo plazo (volviendo
así a la diferencia entre posacuerdo y posconflicto).
Finalmente, la disertación para establecer la diferencia entre posacuerdo y posconflicto,
y la construcción de los conceptos de “farcarización”, post-farcarización”, ligados al de
Paz imperfecta, dan lugar al tercer y último punto de esta investigación, en el cual se
discuten dos de los escenarios de seguridad que surgen en este momento crucial para la
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sociedad y el estado colombiano, aparte del cambio de imaginario de enemigo a
adversario político que ya se ha tratado.
4. Pragmatismo del conflicto y transformación de realidades en
Colombia: vacíos de poder y mercados de la violencia
La firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc-Ep, abre las expectativas en torno a la
posibilidad de reducir la violencia asociada a la confrontación armada y a las actividades
ilícitas de dicho grupo en zonas fronterizas (Cabrera, 2016). Bajo la anterior premisa, la
“post-farcarización” conlleva la aparición de espacios vacíos en los cuales tiende a
configurarse territorios desgobernados donde antes hacía presencia las Farc-Ep (Rabasa,
y otros, 2007). Ellos no son, ni mucho menos, una especie de “lejano oeste” en los cuales
sólo impera la ley de la selva (Molano & Zarama, 2016), son territorios disfuncionales en
el cual el Estado carece de todo título para ejercer funciones básicas, es decir, los
territorios desgobernados reflejan el viejo problema de la soberanía territorial efectiva
(Molano & Zarama, 2016) y la visión contemporánea del control de dichos espacios por
grupos paraestatales.
Ciertamente, el Estado colombiano siempre ha tenido un problema para ejercer control
y presencia en algunos territorios al interior del país, dificultad que según Margarita Serge
(2011) puede rastrearse hasta la colonia, periodo en el cual eran tratados como “zonas
salvajes” relacionadas con el contrabando, y hoy en día como “zonas rojas” en las que
proliferan las actividades ilícitas como el narcotráfico. En sus palabras:
Colombia aparece como un país fragmentado. Una serie de ejércitos privados, de
guerrillas y de grupos paramilitares le disputan al Estado el control territorial. Esta
situación no es, sin embargo, novedosa: el Estado colonial no logró nunca imponer su
dominio en la totalidad del territorio de lo que hoy constituye Colombia […] Nunca han
dejado de ser “tierras de nadie”, “zonas rojas” […] (Serge, 2011: 15, 18).
Con base en lo anterior, a simple vista pareciera que la tipología de “desgobierno” en las
zonas fronterizas prolifera al determinar la naturaleza de las mismas. A saber, zonas
volátiles en la configuración del Estado, porosidad por las condiciones naturales y
adversidades debido a la accidentalidad geográfica. No osbtante, si bien es cierto que las
zonas extremas del país carecen de presencia e institucionalidad, los territorios
desgobernados pueden verse materializados también en zonas centrales y centros de
poder en el país.
En consecuencia, si bien es cierto que la falta de presencia estatal sobre vastas zonas
del territorio, en las cuales hacen presencia y ejercen poder actores armados, no son un
fenómeno nuevo y atiende a lógicas históricas de largo alcance, también hay que ser
consciente de que la desmovilización de las Farc-Ep no implica directamente que la
institucionalidad tomará esos vacíos que quedarán tras la dejación de armas. En
contraposición, con la “post-farcarización” debe comprenderse que lo que ocurrirá es una
reconfiguración de la presencia de los actores al margen de la ley (otras guerrillas,
disidentes de las Farc, crimen organizado, bandas emergentes, etc.) para llenar dichos
espacios.
De hecho, este desplazamiento territorial por el control de las zonas ya ha empezado a
ocurrir. Finalizando 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
advirtió al gobierno nacional que “[a] medida que los miembros de las Farc abandonan
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áreas tradicionalmente bajo su control, el Estado no ha asumido plenamente sus
funciones, dejando un vacío de poder” y, asimismo, señalaron que durante ese año
ocurrieron 61 asesinatos de líderes sociales en su mayoría en zonas rurales y luego de la
firma de los acuerdos finales (El Espectador, 2016).
Por otro lado, la desmovilización de las Farc-Ep no ha sido absoluta, lo que ha dejado
espacios en el territorio nacional a merced de mandos medios, quienes se ven motivados
a seguir en la ilegalidad por los réditos que esta plantea. Finalizando 2016, las Farc-Ep
expulsaron a cinco de sus mandos
5
, por estar en contra de la línea “político-militar” de
la organización y oponerse al proceso de paz, motivados por la búsqueda de ganancias
individuales derivadas de actividades ilícitas (El Espectador, 2016). Aunque el número de
disidentes calculados por el Ministerio de Defensa no sobrepasa los 200 milicianos, las
implicaciones en la geografía nacional son preocupantes, debido a que gran parte de la
Amazonía queda bajo control de estas estructuras (que ya no pueden considerarse Farc),
específicamente, los Departamentos del Guaviare, Vichada, Guainía y Meta (Revista
Semana, 2016).
No obstante, la concreción del nuevo panorama de vacíos de poder en el territorio no
para con las denuncias y las disidencias. En realidad, previo a las alarmas de la ONU y la
expulsión de mandos de las Farc-Ep, la Fundación Paz y Reconciliación presentó en 2015
un informe titulado “Lo que hemos logrado”, en el cual se presenta el Índice de Riesgo
de Postconflicto Violento (construido por la fundación), para “[…] identificar los
municipios que requieren mayor atención en el posconflicto […]” (Fundación Paz y
Reconciliación, 2015: 57). Dicho índice toma en cuenta variables tales como la violencia,
indicadores sociales, geográficos e institucionales, así como la presencia de minería
ilegal, cultivos de coca, índice de ruralidad, entre otros. Los resultados de dicho análisis
son alarmantes: 87 municipios están en “Vulnerabilidad extrema”, 85 más en nivel “Alto”
y 104 en “Medio Alto” (Fundación Paz y Reconciliación, 2015: 61) (Ver Mapa 1).
Con base en la fragmentación del territorio en la que Serge hace hincapié, y a la ausencia
y orfandad de la institucionalidad en las zonas periféricas del Estado, la mercantilización
de la violencia se convierte en un bien transable. Es decir, la violencia en Colombia
ingresa a una “cadena productiva” subterránea en la cual las actividades ilegales
solventan en buena medida patrones de comportamiento hostil que ocupan los espacios
vacíos anteriormente analizados.
Los mercados de la violencia, para Georg Elwet (1998), generalmente se originan en
conflictos de naturaleza no económica. Razón inicial por la cual la mercantlización del
fenómeno logra cierto grado de atractividad aprovechando las brechas y “agujeros
negros” institucionales. De hecho, dichos mercados configuran campos de acción y se
circunscriben en espacios físicos en los cuales predomina una dinámica económica
gobernada por actores que usan la violencia como recurso para regularla (Elwert, 2003).
5
Los mandos expulsados son: alias Gentil Duarte, Euclides Mora, John 40, Giovanny Chuspas y Julián Chollo
(El Espectador, 2016).
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Mapa 1 - Índice de Vulnerabilidad en el Posconflicto de la Fundación de Paz y
Reconciliación
Fuente: (Fundación Paz y Reconciliación, 2015: 61)
Así, situaciones en las cuales conflyen actividades legales e ilícitas como la minería o el
narcotráfico, se convierten en plataforma estratégica y caldo de cultivo plausible para la
gestación y potenciación de estos mercados. Una de las características principales de la
violencia como bien transable, es que involucra factores naturales de la extracción de los
recursos sin controles institucionales; escenario que abre la puerta a transacciones
irregulares que erosionan más allá del medio ambiente a conflictos sociales escalados.
En efecto, según Michael Reed (2012) los mercados de la violencia crean un sistema de
perdurabilidad, mientras que la ecuación económica favorezca a quienes controlan la
violencia (Reed, 2012).
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De acuerdo a lo anterior, ante la falta de capacidad y presencia del Estado, germinan
múltiples agentes dispuestos a usar la violencia como herramienta de regulación de la
oferta y la demanda de bienes y servicios (Reed, 2012), a dinamizar variables sociales y
en últimas, a utilizar la violencia como medio comunicacional en un contrato social
subterráneo.
Es decir, la transformación de los escenarios ligados al conflicto armado conlleva asimilar
que la violencia contemporánea se desmarca de la lógica conflictiva de las décadas
pasadas para cifrarse en circunstancias que tienen que ver con los espacios vacíos,
desgobiernos y mercados propios de la violencia. Si bien la violencia no se anula debido
a un escenario de firma de acuerdos, sí muta por la trazabilidad de la violencia cuando
adquiere un componente económico. La violencia ligada a los nuevos actores que
disputan el control de los territorios disfuncionales en la periferia y el centro, la
mercantilización del ejercicio violento, el incremento de asuntos y problemas de
seguridad pública y urbana, son los puntos neurálgicos en los cuales la realidad
colombiana presenta claves para el entendimiento del pragmatismo del posconflicto.
5. Conclusión
Advertir las transformaciones (en plural) de Colombia luego de la superación de un
episodio que marcó la noción de país por varias décadas, es una apuesta eminente a la
construcción de estadios conceptuales y terminológicos. Adentrarse en el análisis de las
variables del conflicto en Colombia conduce al descubrimiento de realidades conforme a
las narrativas convergentes y divergentes. El presente artículo no presenta el conflicto
como un lunar en la historia del país sino como un factor necesario para la culminación
de la construcción de la nación acorde a su definición.
En consecuencia, hay que advertir que Colombia ha estado definida por un fenómeno y
un actor altamente volátil que absorbió buena parte de la agenda política, económica, de
seguridad, social e incluso psicológica del Estado, en otras palabras, Colombia estuvo
“farcarizada” y, a partir de esa realidad se leyeron no solo la historia colombiana, sino
las dinámicas del conflicto y las respuestas institucionales.
En otros términos, dicha farcarización se convirtió en el umbral y rasero de medida de
las “cosas” que denotaban las explicaciones sobre la situación nacional. Partiendo de lo
anterior, lo ocurrido entre el Gobierno y las Farc-Ep, sobre la firma para la superación
del conflicto armado, ha abierto una “Caja de Pandora” conforme a los asuntos que la
“post-farcarización” trae consigo. Colombia debe empezar a entenderse sin “otro” que lo
defina.
Así las cosas, la finalidad de este texto apunta a abrir el debate sobre las nuevas
dinámicas de seguridad que se empiezan a vislumbrar en el panorama nacional, de modo
que la adaptación del Estado y la sociedad en su conjunto a esos nuevos contextos no
sea un paso traumático y violento, con miras a lograr espacios pacíficos de diálogo en el
futuro.
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